La equivalencia como cuestión central de la traducción en las instituciones de la Unión Europea

 

Adelina Gómez González-Jover

 

Deparatmento de Filología Inglesa, Universidad de Alicante

Alicante, España

Tel. 965909579 Fax: 965903800 Adelina.Gomez@ua.es

 

 

Resumen

 

La equivalencia, noción compleja e indeterminada, adquiere su máxima expresión en la traducción de textos oficiales de las instituciones de la Unión Europea, puesto que esta equivalencia no es sólo semántica y pragmática, sino también jurídica. Los principios de igualdad y respeto que guían la actuación comunitaria (y cuyo fiel reflejo lo constituye el multilingüismo), así como el ordenamiento jurídico comunitario, son los principales factores que caracterizan el concepto específico de la equivalencia y que dotan a la traducción de una naturaleza altamente especializada.

 

Palabras clave: Equivalencia, traducción jurídica, pragmática.

 

 

1         Introducción

 

Uno de los problemas clásicos y tradicionales de la teoría de la traducción ha sido, y lo sigue siendo, el de la equivalencia. A lo largo del tiempo, especialmente a partir de la publicación en 1958 de la obra de Vinay & Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l'anglais, se han llenado miles de páginas y cada escuela ha explicado el fenómeno desde perspectivas muy diversas. Y, sin embargo, la cuestión de si la equivalencia entre dos textos es posible, necesaria o deseable aún está por resolver.

Es visible que el ideal de la equivalencia total es una quimera. Las lenguas son diferentes entre sí. Cambiar de una lengua a otra es, por definición, alterar las formas. Siempre se «pierde» algo (o se «gana») en el proceso y el traductor debe hacer frente a la eterna acusación de traduttore traditore.

La noción de equivalencia, compleja e indeterminada, parece estar condenada a seguir siendo la cuestión clave, y sin duda más polémica, de los estudios contemporáneos de traducción. La raíz del problema está en que la equivalencia constituye la esencia misma de la traducción, y de ahí el gran reto al que nos enfrentamos: cómo conseguir que el texto original y su traducción sean «el mismo texto» cuando todos los factores que intervienen en el proceso, son por definición distintos (Rabadán, 1991, 30). El concepto de equivalencia es, por tanto, uno de los fundamentales en la teoría de la traducción y suficientemente amplio como para que su definición esté sujeta a diversas apreciaciones o puntos de vista.

La cuestión de la equivalencia se convierte en problema central de la traducción en las instituciones europeas. La equivalencia adquiere su máxima expresión en este tipo de traducción especializada, puesto que esta equivalencia no sólo debe ser semántica, estilística y pragmática, sino también jurídica, lo que hace que el texto original y su traducción se conviertan, automáticamente, en el mismo texto. En contra de lo que es la regla general en las organizaciones internacionales, las versiones en las distintas lenguas de la UE de los actos que conforman el ordenamiento comunitario disfrutan del mismo valor jurídico.

Esta propiedad tan característica de la traducción en la UE está determinada por dos factores esenciales: el multilingüismo y la igualdad de las lenguas oficiales, y el Derecho comunitario. Estos dos factores condicionan en gran medida la traducción que se realiza en las instituciones comunitarias y la dotan de una naturaleza altamente especializada.

 

2         El multilingüismo como rasgo definitorio de Europa y de la Unión Europea

 

A nadie hay que convencer de que Europa es un continente caracterizado por su riqueza de pueblos y lenguas. Pero, si el multilingüismo es un hecho, el multilingüismo comunitario corresponde a una voluntad democrática: cada ciudadano de la Unión debe poder estar informado y expresarse en su propia lengua.

El multilingüismo constituye un verdadero baluarte de la libertad de los pueblos que componen la Unión y que a su vez reposa en el idioma, entendido como una de las principales señas de identidad de dichos pueblos. Esta particularidad del sistema europeo implica la igualdad y el respeto de todas las lenguas en el entorno comunitario y representa la voluntad democrática de los pueblos de Europa y el principio de la no discriminación.

El multilingüismo es, por tanto, la expresión de la diversidad que constituye la riqueza del patrimonio cultural europeo, idea que el antiguo ministro francés de cultura Jack Lang formuló del siguiente modo: «ce qui fait la richesse de l'Europe et son originalité, c'est la diversité des cultures qui la composent et qui doivent se nourrir l'une de l'autre. Si l'Europe s'uniformise sous une langue ou une culture "dominante", ell perdra son âme» (En Flesh, 1999b, 99).

 

2.1 El multilingüismo como fundamento político-jurídico

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede decir que el multilingüismo forma parte de la identidad europea. Ante la importancia de este patrimonio, la UE debe emprender medidas encaminadas al mantenimiento de esta diversidad de culturas y de lenguas, políticas que están implícitas en los artículos 126 y 128 del Tratado de Maastricht.

En el plano jurídico no hay que olvidar que la Comunidad Europea es una comunidad de Derecho y que la legislación europea es directamente aplicable en todos los Estados miembros. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y, para respetarla y gozar de sus beneficios, hay que poder comprenderla. Esta es una de las razones fundamentales del multilingüismo en la UE, ya que sería impensable dictar leyes o reglamentos en una lengua que no fuera aquélla en la que el ciudadano europeo se viera representado.

En suma, el concepto y práctica del multilingüismo es, como señala el Informe del Grupo de trabajo sobre el multilingüismo en el contexto de la adhesión (1999), una fuente importante de la legitimidad democrática de todas las instituciones comunitarias.

 

2.2 El régimen lingüístico en las instituciones de la UE: lenguas oficiales y lenguas de trabajo

 

Las organizaciones internacionales constituyen, por definición, entornos multilingües que funcionan con un régimen de lenguas oficiales y lenguas de trabajo.

Partiendo de los principios de igualdad y respeto en los que se fundamenta la UE, todos los documentos comunitarios deben ser traducidos o, mejor dicho, vertidos a las once lenguas oficiales de la Unión. Así lo declaran los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y la mayoría de los reglamentos internos de las instituciones de la UE, según el régimen lingüístico establecido por el Reglamento nº 1 del Consejo de la Unión Europea.

En virtud de este reglamento, aprobado en 1958 por unanimidad y relativo al régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad de la Energía Atómica, las instituciones de la UE tienen once lenguas con categoría de lenguas oficiales, que son las lenguas oficiales de los Estados miembros. Consecuentemente, toda la legislación comunitaria debe publicarse en dichas lenguas, puesto que la supremacía del Derecho comunitario impera sobre los distintos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y el efecto directo de las normas comunitarias implica -desde un punto de vista técnico-jurídico- su aplicabilidad directa por parte de las jurisdicciones internas.

Hasta la fecha son lenguas oficiales las lenguas oficiales de los Estados miembros, a saber: francés, inglés, alemán, neerlandés, italiano, griego, español, portugués, danés, finlandés y sueco[1]. Las protagonistas son, sin embargo, las lenguas vehiculares y las lenguas de trabajo, que hacen posible el funcionamiento del engranaje comunitario. Inglés y francés son las principales lenguas de trabajo y el inglés hace, además, las veces de lingua franca, esto es, lengua de comunicación, en las reuniones internas y en las comunicaciones administrativas. Respecto a la noción de lengua de trabajo, su aproximación en los Tratados es bastante vaga y no se define con precisión, lo que puede dar lugar a puntos de vista divergentes. Así, el artículo 1 del Reglamento 1/58 dispone, de una forma un tanto lacónica, que las lenguas oficiales son asimismo las lenguas de trabajo de la Comunidad.

Por todo lo dicho, el contexto multilingüe en el que se desarrollan las actividades comunitarias requiere la ficción, o como puntualiza Gil Catalina (2001), la convención de que todos los textos que se producen son equivalentes en todas las lenguas, porque «esta equivalencia no se deriva de un juicio científico, sino de un artificio jurídico». Este artificio jurídico lo podemos ver reflejado en el artículo 33 (Interpretación de tratados en dos o más idiomas) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dispone que «cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma».

La equivalencia y el valor oficial de las distintas versiones lingüísticas son, por lo tanto, las principales características que diferencian a la traducción institucional comunitaria de la traducción que se realiza en las organizaciones internacionales de corte clásico.

 

 

3         El ordenamiento jurídico comunitario como Derecho multilingüe

 

El Derecho comunitario es un ordenamiento jurídico propio y autónomo con un conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas con sus propias fuentes y dotado de órganos y procedimientos, que se integra en los sistemas jurídicos nacionales, incidiendo de manera determinante en casi todas las materias internas.

La especifidad de objetivos y de alcance de la norma comunitaria se plasma en unos rasgos que la distinguen netamente de la norma internacional, que regula la coexistencia pacífica o la cooperación entre Estados. El Derecho comunitario, empero, se integra en los sistemas jurídicos nacionales, de tal forma que afecta a casi todas las materias internas.

Los principios de primacía, efecto directo y uniformidad hacen que la norma comunitaria tenga unos objetivos y un alcance específicos. Se trata, pues, de un Derecho multilingüe que exige una aplicación uniforme, uniformidad que tiene como consecuencias necesarias la autonomía conceptual y la autonomía terminológica frente a los Derechos internos, lo que «implica que las nociones a que se refiere este Derecho no varíen en función de las particularidades de su Derecho nacional, sino que reposen en criterios objetivos, definidos en un marco comunitario».

Como se acaba de apuntar, la autonomía del Derecho comunitario implica a su vez la autonomía terminológica respecto de los Derechos internos, y el hecho de que, al ser todas las versiones lingüísticas de los textos comunitarios auténticas por igual, «la interpretación de una disposición comunitaria supone una comparación de las versiones lingüísticas»[2].

Todos estos aspectos son determinantes a la hora de considerar las distintas lenguas oficiales en términos de estricta igualdad. No hay que olvidar que el ordenamiento jurídico comunitario no sólo va dirigido a los Estados miembros, sino también a sus nocionales, que deben poder informarse puntual y adecuadamente acerca de sus derechos y obligaciones en el seno comunitario (Palacio, 1997, 3).

 

 

4         La traducción en las instituciones de la UE

 

Puesto que el proyecto comunitario no puede ignorar la riqueza idiomática sobre la que se fundamenta la convivencia europea, ni dejar de tener en cuenta la necesidad de que todos los ciudadanos puedan conocer su normativa reguladora, la maquinaria institucional constituye una enorme torre de Babel donde la traducción emerge como una tarea concreta, fuertemente reglamentada, que en su funcionamiento cotidiano hace posible la producción de las distintas versiones oficiales de los textos comunitarios.

La traducción institucional comunitaria es, por lo tanto, la traducción que se realiza en las instituciones de la UE con el objeto de hacer posible la producción de textos comunitarios en las distintas versiones lingüísticas oficiales. Y dos son (como acabamos de ver) los factores que condicionan su naturaleza especializada y que la someten a unas servidumbres lingüísticas y jurídicas muy estrictas: el multilingüismo y el ordenamiento jurídico comunitario.

Atendiendo a estos dos parámetros, la traducción de textos oficiales implica la ficción jurídica particular según la cual siempre será posible dar a la norma jurídica una formulación idéntica en cada una de las lenguas oficiales. Esta ficción, junto con el principio de igualdad de las diversas versiones lingüísticas, constituye una situación paradójica: mientras que desde el punto de vista práctico, el Derecho comunitario es inconcebible sin traducción, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es inconcebible con traducción, puesto que la situación multilingüe da lugar a que los textos producidos en los diversos idiomas se conviertan automáticamente en distintas versiones lingüísticas y no en diferentes traducciones de un solo texto original.

 

4.1 Consideraciones sobre la traducción en los Tratados constitutivos y en los Reglamentos internos de las instituciones

 

Ya que no se puede proceder a una redacción paralela en varias lenguas, el proceso traductor se convierte en el único medio para poder llegar a las distintas versiones lingüísticas, pese a que el producto de dicho proceso, esto es, la traducción o el texto traducido, no existe en el plano jurídico y no está reconocido en ninguno de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas.

Creo ahora interesante retomar la idea del estatus paritario de las lenguas y el principio de igualdad por el que todas las versiones lingüísticas de un mismo texto se consideran equivalentes. Los textos comunitarios deben ser «traducidos» a las once lenguas oficiales de la UE y, como afirmé anteriormente, siempre a partir de un texto redactado en una única lengua. En este sentido, y al igual que cualquier otro tipo de traducción, ya sea científica o literaria, nos encontraríamos ante un texto origen (TO) y un texto meta (TM). Esto es parcialmente cierto, puesto que, aunque en realidad hayamos partido de un texto redactado en una lengua para verter su contenido en otra lengua bien distinta, con la mayor precisión y literalidad, la ficción de la equivalencia jurídica de los textos producidos crea a su vez otra ficción, la ficción lingüística: en caso de que surjan discrepancias de significado en las diversas versiones lingüísticas de un mismo texto, de nada sirve ceñirse a la letra impresa en la versión «original», es decir, a la lengua en la que fue redactado el texto inicialmente, puesto que ésta tendrá el mismo valor jurídico que el resto de versiones redactadas en los otros diez idiomas. Si las distintas versiones divergen, el TO no tiene por qué ser el válido, ya que no existe un texto «original» en el sentido propio de la palabra.

Tomando como base esta consideración, resulta relevante, si no curioso, observar el tratamiento que recibe la traducción en los distintos Tratados y Reglamentos comunitarios. Si bien es preciso un trabajo de traducción para llegar a las distintas versiones lingüísticas, en casi ningún texto legislativo se emplea el término traducción.

Los Tratados constitutivos, así como el mismo Reglamento 1/58, utilizan fórmulas como est rédigé, sont rédigés o paraît (en inglés is drafted, shall be drafted, may be drafted o shall be published) para hacer referencia, de forma implícita, al proceso traductor. Estas expresiones quizá podrían hacernos pensar en otros procedimientos distintos de la traducción, como pueda ser la corredacción[3].

Llegados a este punto, es importante distinguir entre traducción como proceso y traducción como producto. La traducción como proceso viene a ser la actividad que se lleva a cabo para expresar en una lengua lo que estaba expresado antes en otra, teniendo en cuenta, eso sí, una serie de parámetros como la intencionalidad, el estilo o el registro, así como todo un conjunto de normas muy estrictas y de técnicas que condicionan fuertemente el proceso traductor. Se trata, pues, del único medio posible para alcanzar las distintas versiones lingüísticas. Por otro lado, se entiende traducción como producto la versión final del proceso del acto de traducir, es decir, un texto que refleja más o menos fielmente, el espíritu del original. Esta concepción implicaría que, en caso de duda o ambigüedad se debería acudir a la versión original como versión verdadera, lo cual es inconcebible debido al multilingüismo y al estatus paritario de las lenguas oficiales.

Hecha ya esta aclaración, hay que recalcar que en el ámbito comunitario la traducción como producto no existe, al menos no se contempla como tal, sino que el resultado del proceso traductor es, como afirma el Reglamento 1/58, una «versión lingüística»[4]. La traducción como proceso es, sin embargo, evidentemente necesaria para llegar a esas versiones lingüísticas, por lo que casi todas las instituciones cuentan con un servicio de traducción y con profesionales especializados cuya misión es la de producir los textos comunitarios en los diversos idiomas.

En los Reglamentos internos de las instituciones de la UE ocurre, por lo general, lo mismo que en los Tratados constitutivos y, salvo el Tribunal de Justicia, las demás instituciones no prevén la traducción. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, esta situación haría pensar que la figura del traductor no existe en las instituciones comunitarias, puesto que todos los textos ya están redactados. Sin embargo, esta situación es irreal: la traducción existe y los traductores también, pese a que ninguna de las dos cosas se contempla desde el plano jurídico.

Como se ha podido observar hasta el momento, en el ámbito jurídico la traducción queda olvidada, no se recuerda su existencia ni su importancia vital. Por un lado se defiende la práctica del multilingüismo, pero por otro, se considera que, de facto, dicha práctica es un impedimento, hecho por el cual las instituciones aplican de una forma un tanto flexible el régimen a once lenguas y lo adaptan a sus necesidades, limitándolo la mayoría de las veces a tres lenguas (inglés, francés y alemán). Esta situación paradójica constituye el motivo de continuos seminarios y estudios en sede comunitaria, donde se debaten y proponen diversas alternativas para reducir costes, tiempo empleado, personal y volumen de trabajo.

 

4.2 Características de la traducción institucional comunitaria

 

Antes de adentrarnos en la caracterización de la traducción en la UE, quisiera recordar que en el contexto internacional existen dos grandes sistemas de traducción: el de las organizaciones internacionales y el de las instituciones de la UE. Como advierte Fernández-Miranda (1996, 87), estos dos sistemas, con filosofías e ideologías distintas, responden a la naturaleza de las organizaciones que los han creado y de los documentos con los que trabajan. En las organizaciones internacionales propiamente dichas, a diferencia de la UE, los documentos que suelen traducirse son de carácter informativo y de orientación, lo que determina en gran medida la traducción, puesto que no tiene un valor jurídico, político o simbólico. Además en este tipo de organizaciones cobra cada vez más importancia la lengua inglesa como lengua original de la mayoría de los documentos y como lengua vehicular. Todas estas diferencias tienen su origen en el hecho de que la UE es una organización supranacional, matiz que condiciona fuertemente su régimen lingüístico, mientras que las demás son simplemente organizaciones internacionales.

Por la propia naturaleza de la UE, se puede decir que la mayoría de los textos con los que debe trabajar un traductor en las instituciones son principalmente de carácter jurídico. En las instituciones de la UE el lenguaje jurídico se convierte en el instrumento que agiliza la argumentación, la construcción de reglas y la propia interpretación de normas del Derecho comunitario. Este Derecho, de carácter supranacional y común para todos los Estados miembros, supone la creación no sólo de figuras, reglas y normas nuevas, sino también de conceptos que puedan designarlas de forma uniforme en todos los países de la Unión y que, al mismo tiempo, no den lugar a interpretaciones divergentes en los distintos países.

No hay que olvidar tampoco que este tipo de traducción tiene sus propias particularidades: una herencia histórica, afinidades con otros modelos estilísticos, una fuerte reglamentación, y la inevitable presencia de elementos de jergas (Eurospeak o eurolalia). Como consecuencia de todo lo anterior, el lenguaje se hace denso y complicado, al tiempo que se va convirtiendo en un universo autónomo, bien diferenciado del lenguaje común.

Por todo lo dicho, la traducción que se realiza en las instituciones de la UE es una traducción altamente especializada, condicionada, principalmente, por dos factores: por un lado, la UE es una organización supranacional, con un ordenamiento jurídico propio y autónomo y, por otro lado, el carácter supranacional de la Unión condiciona fuertemente el régimen lingüístico, que se basa en el principio del respeto al multilingüismo.

Pese a que las unidades de traducción de las distintas instituciones de la UE no se organizan del mismo modo y, aunque los documentos traducidos, los métodos de traducción, la terminología, los criterios de escritura, etc. varían a veces según la institución en cuyo seno se realice (Sánchez, 1996, 159-174), se puede hacer una generalización precisamente por los dos factores señalados anteriormente. Los precedentes y las recopilaciones de modelos sin los cuales es inconcebible el trabajo de los traductores; la jerarquía de estos textos de tipo jurídico, político, económico, financiero y administrativo que sirven de referencia; los criterios específicos de literalidad al traducir que se imponen ante la necesidad inherente de producir textos equivalentes en todas las lenguas; y la ficción de la equivalencia jurídica de los textos, son características que entrañan unas libertades y tensiones específicas determinadas, principalmente, por el contexto jurídico y lingüístico en el que tiene lugar la traducción.

 

 

5         La cuestión de la equivalencia en la traducción de las instituciones de la UE

 

Como apuntaba en la introducción, uno de los problemas clave de la teoría de la traducción siempre ha sido el de la equivalencia, problema que ha estado presente desde el principio y que ha hecho correr, sin duda, ríos de tinta (García Yebra, 1994, 385-395).

La equivalencia alcanza su máxima expresión en la traducción de las instituciones europeas, puesto que, como hemos venido diciendo, esta equivalencia es, no sólo semántica y pragmática, sino también jurídica. La equivalencia como concepto básico de la traducción adquiere, por lo tanto, una dimensión extratextual en la traducción de textos institucionales de la UE.

El problema de la equivalencia en la traducción del texto institucional no se plantea del mismo modo que en la traducción de un texto de carácter jurídico general, puesto que en el discurso jurídico comunitario el objeto de la equivalencia no consiste en trasvasar los conceptos y las nociones de un sistema jurídico determinado a otro bien distinto, anclado en otra cultura bien diferente, sino que más bien consiste en integrar el sistema jurídico comunitario de forma uniforme en los Derechos internos de los Estados miembros.

Como en toda traducción, la traducción institucional es una obra regida por una tensión y una libertad fundamentales: captar el sentido de un texto y expresarlo en otra lengua. Pero si, básicamente, éste es el tronco común para toda traducción, la equivalencia que se plantea en la traducción institucional comunitaria está sometida también a unas tensiones muy estrictas que se reflejan más o menos de forma similar en los once idiomas comunitarios. El traductor no puede obviar toda una serie de servidumbres de diversa índole determinadas por contextos de tipo jurídico y lingüístico principalmente, ya que éstas son las que precisamente hacen posible la equivalencia de los textos comunitarios.

 

5.1 Las servidumbres jurídicas

 

Por lo general, los textos de las instituciones de la UE se dividen en dos partes, una parte normalizada y una parte libre. La normalización del discurso comunitario viene a ser una necesidad que responde al carácter reglamentario de los textos. Esta normalización da lugar a la creación de equivalencias predeterminadas y repetitivas que limitan la creatividad del traductor y que, en cierto modo, facilitan la tarea traductora[5]. Las fórmulas a las que nos referimos no están, sin embargo, «desprovistas de significado -todo lo contrario- ya que constituyen enunciados muy densos desde el punto de vista semántico» (Koutsivitis, 1991, 145). En cuanto a la parte libre del texto, la podríamos definir «como la parte del texto que no obedece a las reglas que rigen la terminología técnica y las fórmulas normalizadas» (Ibid., 146).

Estas servidumbres influyen de forma determinante a la hora de expresar el mensaje de un ordenamiento jurídico propio en las distintas culturas de recepción. No hay que olvidar que las definiciones del Derecho son diferentes, y que los orígenes históricos, las tradiciones, las instituciones y los procedimientos también difieren según los sistemas jurídicos.

En este tipo de servidumbres también podríamos incluir otras de naturaleza política, las servidumbres respecto de la corrección política (término poco acertado, valga al caso la ocurrencia). Por lo general, la redacción comunitaria está impregnada de una voluntad de igualdad y respeto y de reconocimiento de derechos sustanciales que sólo puede manifestarse a través de la lengua. Por eso, puede ocurrir a veces (y de hecho ocurre), que el traductor se cuestione el anteponer los criterios políticos a los meramente lingüísticos, y que se plantee si un término o expresión dado obedece a una necesidad terminológica o política, o incluso diplomática[6].

 

5.2 Las servidumbres lingüísticas

 

Las servidumbres lingüísticas se imponen de forma crucial en la redacción de los textos comunitarios y derivan, principalmente, de las servidumbres jurídicas citadas. A este respecto, la existencia de unas fórmulas determinadas, de un léxico propio y de unos textos normalizados implica cierta coherencia lingüística que se debe ver reflejada hasta en la organización general, la puntuación y la sintaxis de los textos. Las condiciones de realización del trabajo, la presentación del original, el público receptor y la tipología de los documentos son también servidumbres de tipo lingüístico que constituyen el contexto, y que plantean problemas de traducción de diversa índole.

Como hemos ido viendo, el grado de equivalencia que requiere la traducción de los textos institucionales de la UE es tan elevado que el léxico, la morfosintaxis y el estilo del lenguaje están fuertemente reglamentados.

 

5.3 La equivalencia desde las perspectivas de la lingüística oracional y supraoracional

 

Con el fin de alcanzar la equivalencia (no sólo jurídica, sino también lingüística), problema que surge cuando entran en contacto dos textos redactados en lenguas distintas con el mismo significado, el traductor debe manipular un tipo especial de lenguaje, el lenguaje comunitario de naturaleza jurídica. Mientras el traductor no consiga establecer la equivalencia potencial entre dos textos (el TO y el TM), en el ámbito del Derecho y de la lengua, su obra restará incompleta, y este aspecto es especialmente importante en lo que a la traducción institucional comunitaria se refiere, puesto que el multilingüismo y el estatus paritario de las lenguas confieren al texto traducido el valor de jurídicamente equivalente.

Un análisis de la equivalencia desde las perspectivas oracional y supraoracional puede llegar a ser muy útil para ir más allá de la simple generalización y para centrarnos en los aspectos concretos que determinan el grado de equivalencia entre dos textos, así como el carácter específico de dicha noción en la traducción de textos en la UE.

 

5.3.1 La equivalencia semántica del léxico

 

En lo que respecta a la equivalencia léxica y terminológica, las exigencias que plantea la traducción remiten a unas necesidades de uniformidad mayores que en cualquier otro tipo de traducción. Estas necesidades de uniformidad vienen dadas por el orden jurídico comunitario -que hace surgir la necesidad de un lenguaje único-, y afectan a las denominaciones de los instrumentos jurídicos adoptados, las partidas presupuestarias, las reuniones, los nombres de países y otros nombres geográficos, los nombres de los grupos políticos, etc. También exige cierta coherencia lingüística que permita reconocer expresiones equiparables en las distintas lenguas.

Podemos afirmar que el léxico o el vocabulario es el componente más privilegiado en la caracterización de la realidad, ya que es dinámico y se enriquece constantemente por medio de neologismos barbarismos, metáforas, etc. Por ello, la equivalencia semántica del léxico constituye el principal problema de la traducción en las instituciones de la UE, pues el léxico representa una realidad multicultural, una realidad común para todos los Estados miembros pero a la vez suma de las distintas identidades.

Desde esta perspectiva, el estudio del vocabulario comunitario técnico (y dentro de éste los neologismos, las siglas y los acrónimos, las solidaridades léxicas y los falsos amigos), del vocabulario jurídico semitécnico (que suele generar problemas debido a las polisemias y a las sinonimias), así como del vocabulario general de uso frecuente en el lenguaje institucional comunitario (el que forma parte del denominado «texto libre» del documento), puede llegar a ser iluminador a la hora de caracterizar la noción de equivalencia.

 

5.3.2 La equivalencia semántica de la morfosintaxis

 

Pese a que como acabamos de decir el léxico es el componente privilegiado en la representación de la realidad, la sintaxis también interviene de forma determinante en esta representación, organizando y codificando los datos.

Las formas nominales (sustantivos, pronombres relativos, adjetivos, pronombres personales, artículos...), y las formas verbales (pasivización, tematización, formas temporales de los verbos...) son recursos sintácticos que sirven para representar la realidad y, por ende, imponen obligaciones al traductor comunitario. El Manual de Instrucciones de las Naciones Unidades recomienda a este respecto seguir las estructuras sintácticas más lineales, y evitar todo tipo de construcciones envolventes y expresivas que puedan alterar la retórica del mensaje de la lengua de partida.

 

5.3.3. La equivalencia estilística

 

Pese a que en este tipo de traducción la equivalencia estilística no plantea los mismos problemas que en la traducción literaria, sí es preciso establecer unas pautas para que los textos no pierdan el «espíritu comunitario».

La Comisión Europea ha propuesto un lema: KISS (Keep It Short and Simple). El Consejo proclama algo similar al respecto: «The wording of the act should be clear, simple, concise and unambiguous; unnecessary abbreviations, "Community jargon" and excessively long sentences should be avoided. Imprecise references to other texts should be avoided [...] The various provisions of the acts should be consistent with each other; the same term should be used to express a given concept»[7]. Siguiendo esta misma línea, los miembros ingleses del Servicio de Traducción de la Comisión Europea lanzaron en enero de 1998 una campaña denominada Fight the Fog, con el objeto de acabar con la «niebla lingüística» (FOG: Full of Garbage - Fabric of Gobbledegook).

Sencillez, claridad y brevedad son, por tanto, las tres cualidades que deben caracterizar el estilo de los textos institucionales de la UE, aunque éstas no son metas fáciles de alcanzar, especialmente teniendo en cuenta el entorno multilingüe en el que se desarrolla la traducción, así como el carácter colectivo de la misma.

No debemos olvidar el registro, ya que en el contexto jurídico éste suele ser muy solemne y arcaizante y, en contra de lo que rezan las guías de estilo, adolece de cierta pedantería burocrática[8]. Este registro no sólo afecta al léxico, sino que también se encuentra en la morfosintaxis. Los latinismos y las palabras de origen normando son dos rasgos que caracterizan al lenguaje jurídico, especialmente al empleado en las sentencias y los actos del Tribunal de Justicia.

 

5.3.4 La equivalencia pragmática

 

La perspectiva de la lingüística supraoracional o pragmática puede aportar una visión más rica para tratar los problemas de equivalencia, puesto que considera el lenguaje como discurso y como texto y se centra en cuestiones como la tipología discursiva y textual. Esta perspectiva permite analizar algunos problemas del discurso, es decir, del lenguaje en acción, y reporta importantes ventajas, ya que complementa y matiza las consideraciones léxicas y morfosintácticas y ofrece una visión más precisa de la compleja realidad lingüística.

Mecanismos como la cohesión y la coherencia, la clausura, la intencionalidad, la progresión y la significación, proporcionan al texto la condición de textualidad. Esta condición, indispensable para que un pasaje sea considerado un texto, nos remite a otro aspecto lingüístico estudiado por la pragmática: la tipología textual, es decir, el marco en virtud del cual pueden clasificarse los textos a partir de unas intenciones comunicativas que están al servicio de un propósito retórico global, o en otras palabras, el eje ordenador de la traducción.

En las instituciones de la UE, tanto la comunicación interna como la comunicación con el exterior, se realiza por medio de tipos de textos. Cada tipo textual representa una categoría de textos, con unas características específicas, una misma función comunicativa, una estructura similar y una tipología discursiva semejante. Me vuelvo a remitir ahora a los formularios de actos y a las recopilaciones de modelos, que sirven para establecer de forma sistematizada los distintos tipos de textos según sus intenciones comunicativas. No obstante, por la propia naturaleza de las instituciones y por sus distintas funciones en el entramado jurídico, político y económico comunitario, los géneros o tipos textuales son muchos y muy variados, por lo que -para ser más exhaustivos en el estudio de la equivalencia- cada uno de estos géneros requeriría un tratamiento monográfico.

Todo esto no puede, sin embargo, analizarse sin tener en cuenta una categoría fundamental de la pragmática: el contexto. En los lenguajes de especialidad el contexto es considerado como un conjunto de variables, a saber: la dimensión espacio-temporal (condicionantes como el lugar, el tiempo y la identidad de los interlocutores); el cotexto (marco textual, entorno lingüístico donde se incardina la oración u oraciones del enunciado); y, el contexto extralingüístico (ideas, conocimientos, creencias, etc. compartidos por los interlocutores) (Alcaraz, 2000, 109).

Como apuntábamos anteriormente, la traducción institucional comunitaria viene determinada por diversos contextos, fundamentalmente de tipo jurídico y lingüístico. Según Sánchez (1997, 916), el contexto que más determina la traducción en la UE es de tipo jurídico. Esto tiene su explicación en el acervo comunitario, que se basa en el principio de la seguridad jurídica: en la UE se han aprobado y están en vigor unos tratados y toda una serie de actos legislativos, que a su vez han dado lugar a que cada Estado miembro cree una normativa de aplicación de esas disposiciones comunitarias. Por todo ello surge la necesidad de designar de forma uniforme los mismos conceptos; es preciso respetar los términos ya empleados con anterioridad; incluso la paginación de las distintas versiones lingüísticas ha de corresponderse en la numeración. En cuanto al contexto lingüístico, éste viene determinado por toda una serie de condicionantes como las condiciones concretas de realización del trabajo (traducción, mecanografiado, lectura, redacción ambigua, factor tiempo...); la presentación del original (redacción incoherente, redacción ambigua, redacción con interferencias lingüísticas...); los destinatarios del texto (funcionarios, grupos parlamentarios, públicos muy concretos, todos los ciudadanos de la UE...); y, por último, la mencionada tipología textual.

 

 

6         Conclusión

 

La equivalencia como concepto básico de la teoría de la traducción adquiere una dimensión extratextual en la traducción que se realiza en las instituciones de la UE, que está motivada por dos condicionantes: el multilingüismo y el ordenamiento jurídico comunitario. Estos dos factores a su vez influyen de manera determinante en la concepción de la traducción, ya que, desde el punto de vista jurídico ésta no existe, y todas las versiones lingüísticas tiene el mismo valor. Se puede aseverar que es tal la dimensión que la equivalencia adquiere en el contexto comunitario, que la traducción deja de serlo para convertirse en original.

El estudio de los principales condicionantes que confieren a la traducción institucional comunitaria una naturaleza tan específica, así como el análisis del concepto de equivalencia en esta tipología discursiva desde las vías lingüísticas y pragmáticas pertinentes, puede suponer -en definitiva- un mayor enriquecimiento de la realidad de la traducción, y puede establecer asimismo un medio adecuada para los profesionales de la traducción o para los aspirantes a traductor en las instituciones de la Unión Europea.

 

 

Referencias bibliográficas

 

Alarcos Llorach, E.: Gramática estructural, Gredos, Madrid, 1971.

Abélés, M.: La vie quotidienne au Parlement Européen, Hachette, París 1992.

Alcaraz Varó, E.: Tres paradigmas de la investigación lingüística, Marfil, Alcoy, 1990.

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[1] Parece interesante comentar la oficialidad de las lenguas de algunos Estados miembros. Luxemburgo, por ejemplo, no tiene lengua oficial. En 1984 se consideró el luxemburgués lengua nacional del país, sin embargo, la propia ley que lo hizo estaba redactada, como toda la legislación luxemburguesa, en francés. El caso de Bélgica también es curioso, puesto que no existe una lengua oficial que abarque todo el territorio.

[2] Sentencia del TJ de 6 de octubre de 1982, que establece límites a la doctrina del acto claro. Se conoce por doctrina del acto claro al hecho de invocar la aparente claridad de la norma comunitaria aplicable en aquellos litigios cuya resolución dependa de la validez o de la interpretación que proceda dar a una norma comunitaria

[3] Procedimiento usado para la redacción en inglés y francés de los textos legislativos de Canadá.

[4] En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia se encuentran numerosas referencias a las «diversas versiones lingüísticas» o «diferentes versiones lingüísticas» de los textos o actos comunitarios: cf. las sentencias de 12.11.1969, Erich Stauder contra Ville d'Ulm -Sozialmt, Rec. pag 419; 27.10.1977, Régina contra Pierre Bouchereau, Rec. pág. 1999; 12.7.1979, Marianne Koschniske, esposa Wörsdorfer, contra Raad van Arbeid, Rec. pág. 2717; 16.10.1980, Klaus Mecke & Co contra Hauptzollamt Bremen-Ost, Rec. pág. 3029: 28.3.1985, Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rec. pág. 1169; 7.7.1988, Alexander Moksel Import und Export GmgH & Co Handels-KG contra Bundesanstal für landwirtschaftliche Marktordnung, Rec. pág. 3845; 4.7.1990, Parlamento Europeo contra Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg, Rec. pág. II- 299; 6.4.1995, Ferriere Nord SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. pág. II-917; 7.12.1995, Rockfon A/S contra Specialarbejderforbundet i Danmark, Rec. pág. I-4291; 24.10.96, Aannemersbedrijf PK Kraaijeveld BV ea contra Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Rec. pág. I-5403; 17.7.1997, Ferriere Nord SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. pág. I-4411; 2.4.1998, The Queen contra Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The man in black Ltd, John Cunningham, Rec. pág. I-1605. (PEYRÓ, 1999, 53).

[5] Uno de los aspectos característicos de la función normalizadora son los formularios de actos y repertorios documentales que sirven como marco obligatorio de referencia a los distintos elementos que intervienen en la cadena de elaboración de los textos (Gil Catalina, 2001).

[6] A este respecto, M. Tabory (citado por Koutsivitis, 1991), menciona varios ejemplos de «Terminología como instrumento diplomático», como por ejemplo, la divergencia deliberada de las versiones francesas de los acuerdos de armisticio de 1949 que Israel pactó con Líbano -en los que el término inglés boundary se tradujo por frontière- y con Siria -en los que boundary se tradujo por limite- debido a la aparente reticencia de Siria respecto a la palabra frontière.

[7] Council Resolution of 8 June 1993 on the quality of drafting of Community legislation.

[8] Esta pedantería queda muy bien reflejada en uno de los comentarios recogidos en los seminarios de la campaña Fight the Fog del Servicio de Traducción de la Comisión Europea: «[...] instead of shouting "Help!", we could always draft a memo saying "It would be greatly appreciated if you could take the appropriate steps to provide us with the assistance within the shortest possible timeframe". Instead of "Thou shalt not steal", Moses might have written (if his stone tablets had been big enough) "You are advised that the appropriation of assets which are the property of other natural or legal persons and the removal of such assets without the consent of the said persons, is strictly forbidden. Done at Sinai for the High Celestial Authority" ». (Cf. http://ec.europa.eu/translation/en/ftfog/seminars.htm)